De insultos, desigualdades y vaciamiento en la Secretaría de Gobierno de Turismo de la Nación
02/12/19

El grupo de trabajadores firmantes del petitorio sentimos un profundo desprecio e indiferencia a nuestro pedido legítimo de un bono necesario para poder paliar las medidas económicas, siendo que el 60% de las/os agentes de la Secretaría de Turismo percibimos un salario por debajo de la canasta básica.
En estos últimos cuatro años las/os trabajadores no sólo fuimos perdiendo el goce pleno de nuestros derechos frente a la posibilidad de ver reducido nuestros ingresos por los descuentos al presentismo, sino que también se incrementaron las desigualdades a través de los enormes beneficios obtenidos por las/os funcionarios de la gestión.
El Presentismo, negociado por UPCN a partir de una insuficiente paritaria, es percibido como parte del sueldo por el bajo salario que recibimos y no resulta ningún premio porque nos impulsa a relegar derechos para poder cobrar $4000 cada 4 meses. Cabe aclarar que de ese monto se descuenta, entre otros, la inasistencia por fallecimiento de un familiar y si esta se extiende por varios días puede generar la pérdida completa del premio. Tampoco cobran el “beneficio” aquellos empleados/as que se hayan ausentado uno o más días por motivos de enfermedad, accidentes de trabajo, días por razones
particulares (14F), siendo todos estos artículos derechos conquistados homologados por el convenio colectivo de trabajo.
Por otro lado, el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) este año dio a conocer un análisis del Estado, llegando a la siguiente conclusión: El gabinete de Mauricio Macri es uno de los más grandes de América latina, y también desde la vuelta de la democracia en la Argentina desde 1983.
La gestión de Cambiemos de 2016-2019 fue la que más cargos de la Alta Dirección Pública (ADP) concursó en la historia de nuestro país, más que cualquier otra gestión. Durante todas las gestiones anteriores- solo se habían concursado 7 cargos de la ADP, mientras que el Gobierno de Macri concursó 328, es decir un 4.500% más. Asimismo, cuatro meses antes de las elecciones generales, el gobierno de Mauricio Macri preparó una jugada para efectivizar en la estructura del Estado a funcionarios que
llegaron con su administración. El gobierno nacional y la Unión de Personal Civil de la Nación, gremio que lidera Andrés Rodríguez, firmaron el 6 de junio último una modificación al convenio colectivo de trabajo para la administración pública, que crea un escalafón de privilegio para los funcionarios de más alto nivel, lo que se denomina la Alta Dirección Pública (ADP). La misma está conformada por directores nacionales, generales, simples y coordinadores.
Con esta modificación, a la ADP se la retira del convenio colectivo que rige al resto de los trabajadores estatales y se le otorga una serie de beneficios para el acceso y permanencia en el cargo que el resto de los empleados no goza.


Cuando se menciona beneficios hablamos de que la “Alta Dirección Pública”, intenta consagrar un régimen de ingreso a cargos directivos con exigencias mucho más laxas de idoneidad técnica y profesional que el vigente y un sistema indemnizatorio inédito para el caso de pérdida de la función -con retención de categoría-, pergeñado con la obvia intención de facilitar la permanencia de los funcionarios designados discrecionalmente por el Gobierno saliente.
Esto ataca a la carrera administrativa y a todas/os las/os agentes públicos, que seguimos con una paritaria del 18% y recién en febrero llegará al 28% mientras que la inflación ya supera el 47% anual.
Por otro lado, en la SECTUR, por lo menos 6 funcionarios y asistentes cobran, además de sus funciones, unidades retributivas con sumas altísimas que siguen engrosando su salario en lugar del de los/as trabajadores.
Para seguir denostando a las/os agentes públicos trabajadores en 2018 el Gobierno oficializó su decisión de congelar el ingreso de personal al Estado Nacional, para disminuir el gasto público en un 30% este año por ese concepto y lograr una “Administración Pública más eficiente y eficaz”.
Esto se vio reflejado en esta Secretaría de Gobierno de Turismo, ya que, mientras algunas áreas estaban excedidas de trabajo sin poder contratar personal, otras en el año 2018 comenzaron a cerrar programas, plataformas y herramientas exitosas, por no ser “prioridad de la gestión”. Muchas de estas, son fundamentales ya que responden los principios rectores de nuestra Ley Nacional de Turismo No 25.997, que cuentan con presupuesto propio para desarrollar las políticas y programas, que no fue ejecutado en el año 2019.


Gustavo Santos comenzó su gestión en un Gobcamp (Campo de Gobierno) repleto de trabajadoras/es del entonces Ministerio de Turismo de la Nación, remarcando que cada uno de nosotros éramos un engranaje de un gran máquina que apuntaba a generar Turismo no solo en las grandes ciudades, si no en las económicas regionales.
Pese a estas declaraciones una de las primeras medidas fue cerrar los centros de informes de los aeropuertos de Ezeiza y de Aeroparque, perjudicando el rápido acceso a la información y relevando a las/os trabajadores informantes. La fórmula Menos Políticas Públicas y Menos Trabajadores, comenzaba a asomar en el organismo de turismo como en tantos otros, donde fueron brutales los despidos a miles y miles de trabajadores.
Luego vinieron tiempos de “Modernización”, ningún funcionario de Turismo se puso a coordinar cómo implementar el Sistema de Gestión Documental (GDE). Así fue como este importante avance, arrasó, por ejemplo, con la base de datos de Agencias de Viajes. Encontrar información de una agencia se tornó un trastorno para todas/as. Asimismo el objetivo de la Gestión Electrónica no cumplió con su fin de despapelizar, ya que, se continúa imprimiendo gran cantidad de documentos porque no contamos con sistemas compatibles.
Se desarticularon áreas sensibles tales como Recursos Humanos, Rendición de Sueldo, Contabilidad, Desarrollo, etc. Así como también se discontinuaron programas de alcance Nacional tales como: Red Argentina de Turismo Rural Comunitario (RATuRC), Sistema de Información y Estadística del Turismo (SIET), Proyecto de armonización de estadísticas provinciales, Programa de Fortalecimiento de Destinos Turísticos Emergentes (PROFODE), Programa de Gobierno y Turismo (PGT- MINTUR- UCA), Red Nacional de Educación Mintur, entre otros.


Para muchas áreas esto significó un retroceso total en la ejecución de políticas públicas de desarrollo de destinos y productos turísticos.
En estos años no se contempló una planificación integral y participativa, limitándose a ejecutar las acciones a través de consultorías, otros organismos públicos, privados y mixtos y por convenios firmados con universidades. En muchos casos, esos acuerdos disminuyeron las tareas de los/as profesionales que venimos trabajando hace años en la implementación de políticas públicas. Las cifras que se transfirieron en esos acuerdos y apoyos económicos representan sumas exorbitantes para nuestro presupuesto, mientras que en algunas áreas quitaron, a principio de este año, el presupuesto
completo.
Otra medida avasallante tuvo que ver con la destrucción de las Unidad Turísticas, como es de público conocimiento, bajo la resolución 392/2019 se cedieron dos hoteles del Complejo Chapadmalal a la Gendarmería, con la excusa de que no había presupuesto para arreglar dichos hoteles.
Para las/os trabajadores de Turismo esto no significó una medida aislada, sino que se vislumbraba que el objetivo de la gestión era deshacerse de las unidades turísticas, porque eran percibidas como un gasto, en lugar de una herramienta que permite a las personas de bajos recursos gozar de su derecho al turismo social.
Algunas medidas que venían configurando este perverso desenlace fueron: la pérdida de subvención a los distintos planes, se quitaron 100% de los subsidios a niñas/os de escuelas, jubiladas/os, pensionadas/os, pasando de cubrir la totalidad del servicio a trasladarles el costo directamente a los usuarios, lo mismo sucedió con las personas con discapacidad, a quienes se les restringió la posibilidad de ingreso sin cargo.
Consecuentemente las/os estatales de turismo perdimos el mismo derecho. La visión de gobernadores, intendentes y trabajadores del sector es que Santos luego de 4 años de vaciar de políticas turísticas potentes el sector, de propiciar la ausencia estatal, la falta de acompañamiento técnico, y acrecentar una mala distribución de los recursos del Estado, sub ejecutando presupuesto y aumentando los beneficios de la ADP, nos ubicó en un dramático retroceso en materia de turismo.
Hacia adentro del organismo se siguen sucediendo canalladas, aunque les queda poco de gestión. Con respecto a utilizar herramientas que podrían nivelar y mejorar los salarios de las/os trabajadores, la gestión ha elegido seguir beneficiando con unidades retributivas a sus funcionarios y más de seis personas con cargos políticos y asesores cobran más de $80.000 pesos por encima de sus salarios con cargos y funciones.
Santos será recordado no solo por una gestión mediocre, sino como el que permitió y avaló el vaciamiento del ex Ministerio de Turismo llevando adelante políticas recesivas en materia de consumo turístico apoyando de hecho la eliminación de feriados puente. Parecería que lejos de ser incapaces, planificaron, ejecutaron y concretaron con éxito un plan siniestro enfocado a destruir el trabajo, la dignidad, la capacitación, crecimiento y desarrollo del sector.

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