Ante la grave situación de asfixia financiera que afecta a entre 13 y 18 millones de personas en el país, el diputado nacional por Fuerza Patria, Santiago Roberto, ha presentado un proyecto de ley integral para el “Desendeudamiento y Reestructuración de Deudas de las Familias Argentinas”.
La iniciativa surge como una respuesta estructural y urgente ante una lógica de endeudamiento que, mediante costos financieros totales y tasas efectivas anuales que superan holgadamente los tres dígitos, junto a punitorios y comisiones abusivas, ha destruido el poder adquisitivo de los salarios, convirtiéndose en una «trampa perpetua».
Ejes principales del proyecto:
Condonación de intereses y recargos: Se propone la condonación total de los intereses punitorios y recargos por mora acumulados al 31 de diciembre de 2025 para deudores del sistema financiero formal, proveedores de servicios de pago (PSP) y todos los proveedores no financieros de crédito.
Alivio para los sectores más vulnerables: Los hogares con ingresos que no superen las tres Canastas Básicas Totales (CBT) accederán a una condonación del 90% del capital de sus deudas de tarjetas y préstamos personales en ambos subsistemas.
Refinanciación accesible: El saldo restante, así como las deudas de quienes superen ese nivel de ingresos, se refinanciará en hasta 36 cuotas fijas con una tasa tope equivalente a la mitad de la tasa BADLAR, sin comisiones ni cargos administrativos adicionales.
Creación del Fondo de Asistencia a Deudores (FAD): Esta herramienta permitirá rescatar a los sectores más vulnerables de los circuitos informales e ilegales de préstamos.
El proyecto busca devolver a millones de hogares el 34% de sus ingresos que hoy se destina al pago de deudas, permitiendo redirigir esos recursos al consumo básico, alimentos y vestimenta, además de evitar desalojos y ejecuciones patrimoniales.
Técnicamente, la medida tiene un costo fiscal directo cero para el Estado, ya que tanto las entidades bancarias como los grandes proveedores no financieros de crédito cuentan con las previsiones por incobrabilidad y los márgenes de solvencia necesarios para absorber este impacto en sus propios balances.
El diputado Santiago Roberto sostiene: “No estamos ante una utopía inviable, sino ante un acto de estricta justicia distributiva. Que el sistema financiero formal e informal regulado utilice sus amortiguadores contables para sanear la economía familiar es el primer paso para revertir el desamparo. Hay una salida posible: cuando la política decide priorizar la dignidad de los hogares por sobre los privilegios concentrados, el horizonte vuelve a aclararse. Devolver el derecho al futuro a millones de trabajadores no solo es económicamente sustentable, sino la única forma de reconstruir una Argentina justa y con la mirada puesta hacia adelante.”
