La iniciativa fue resistida por la central sindical PIT-CNT, el opositor Frente Amplio e incluso el jefe del Ejército, quien la criticó frente al presidente Lacalle Pou. La ley aumenta gradualmente la edad jubilatoria hasta los 65 años.
Entra en vigencia en Uruguay una reforma jubilatoria que fue resistida por la central sindical PIT-CNT y el opositor Frente Amplio, y también por el jefe del Ejército, Mario Stevenazzi, en un acto por el día de la institución frente al presidente Luis Lacalle Pou.
«Como lo habíamos anunciado. A partir de hoy será compatible jubilarse y seguir trabajando. Nuevos derechos que se alcanzan por la reforma de la seguridad social. Generando equidad entre los uruguayos con independencia de a qué Caja aportan», dijo este martes mañana el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, en su cuenta de X (ex Twitter).
La ley aumenta gradualmente la edad jubilatoria hasta los 65 años en una escala vinculada con la fecha de nacimiento, permite la continuidad laboral aún después de tramitado el retiro y dispone de un «suplemento solidario» para los haberes más bajos, entre otros puntos.
Al momento de firmar su promulgación el 2 de mayo pasado, Lacalle Pou rescató especialmente que los trabajadores puedan seguir trabajando luego de pasar a retiro, porque «esto genera un ingreso económico mejor» para los más vulnerables y permite que sigan «existiendo esos procesos de socialización que a veces los jubilados, cuando dejan de trabajar, lamentablemente pierden».
Los jubilados de los sectores Industria y Comercio y Rural podrán seguir trabajando y mantener el cobro de su jubilación, según establece la ley 20.130, que crea el sistema previsional común.
El presidente del Banco de Previsión Social (BPS), Alfredo Cabrera, explicó al medio local Subrayado que el beneficio regirá para quienes perciban una jubilación común y no aplica para los casos de jubilados por incapacidad.
Contratar un jubilado
Unas 600.000 personas potencialmente podrán acceder a este nuevo sistema. «Una persona hoy jubilada con 60 años es una persona que está en actividad, que generalmente se siente todavía activa y me parece que mucha de esa gente va a tomar esa opción», afirmó Cabrera.
La empresa que contrata al jubilado deberá realizar el trámite y lo incluirá en la nómina mensual que presenta al BPS. Los aporte por los nuevos años trabajados irán a la cuenta de ahorro, sin afectar el cobro de la jubilación actual.
«En el caso del multiempleo, el nuevo sistema permitirá jubilarse por una de las actividades y mantener las otras, o acogerse a una jubilación parcial de hasta 50% con el objetivo de reducir la jornada laboral», consignó Subrayado.
El proyecto originó una inusual réplica de parte del general Stevenazzi el último 18 de mayo, en oportunidad del acto por el Día del Ejército y ante la presencia del mandatario.
El oficial planteó en su discurso que las edades contempladas en la reforma de seguridad social son «demasiado elevadas para cumplir con las actividades profesionales militares que implica cada jerarquía».
«No debemos olvidar que desde el año 2015 se está discutiendo este tema, lo que ha generado una gran incertidumbre en varias generaciones. En el año 2018 se aprueba la Ley 19695 donde se modifica el sistema. Hoy culminó el proceso de una nueva reestructura», recordó.
BUSCAN IMPUGNAR LA REFORMA
Dirigentes del PIT-CNT, la central única de trabajadores de Uruguay, y del opositor Frente Amplio,analizaron distintos mecanismos de democracia directa que podrían impulsar para impugnar la reforma.
El titular del PIT-CNT, Marcelo Abdala, había anunciado en el acto del 1 de mayo que la central analizaría cómo cuestionarla, y más tarde explicó que se encargó a un constitucionalista un informe sobre variantes de herramientas que puedan aplicarse.
«Las mismas limitaciones que nos impiden hacer un referendo también nos impiden hacer una ley de iniciativa social. El único espacio es agregar una enmienda a la Constitución, uno de cuyos mecanismos de democracia directa es juntar firmas del 10% del padrón electoral del país», relató Abdala.
Y detalló que esas firmas «deben ser entregadas a seis meses de la próxima elección nacional, que es en octubre de 2024, y se trata de un plebiscito que se vota de manera simultánea con la elección nacional».
Fuente: Télam
