La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) aprobó un nuevo
procedimiento para la obtención de autorizaciones para realizar servicios de
explotación comercial de Trabajo Aéreo, que simplifica los trámites administrativos
y amplía las actividades alcanzadas por el mismo certificado.
A partir de la Resolución N° 265/2025, para la obtención del Certificado de
Explotador de Trabajo Aéreo (CETA), los solicitantes solo deberán presentar, en
carácter de declaración jurada, la documentación que acredite el domicilio en la
República Argentina, la capacidad económica para realizar las operaciones, la
información sobre la base de operaciones desde la cual se desarrollarán las
actividades y el listado de aeronaves que se destinarán a tal fin.
Una vez presentada la documentación requerida, la ANAC expedirá el CETA,
habilitando a los solicitantes para realizar todas las actividades comprendidas
dentro del Trabajo Aéreo (tipificadas en el Decreto 599/2024). Estas operaciones se
entienden como aquellas que implican la explotación comercial de aeronaves,
excluyendo los servicios de transporte aerocomercial. En este contexto, el CETA
permitirá ejecutar actividades como las agrícolas, pesqueras, deportivas, de
inspección y vigilancia, y de propaganda, entre otras. La única excepción será la
traslación con aeronaves de hasta seis plazas.
Es importante señalar que los explotadores aéreos que ya posean el CETA y deseen
iniciar nuevas actividades de Trabajo Aéreo deberán informar a la ANAC, por única
vez, antes de comenzar a ejecutarlas. Además, deberán cumplir con las
regulaciones aplicables a la nueva actividad y contar con las pólizas de seguros
correspondientes.
Asimismo, con esta nueva resolución, los Certificados de Explotador de Trabajo
Aéreo no tendrán vencimiento ni requerirán renovación. No obstante, la ANAC
podrá suspender o retirar el CETA en caso de incumplimiento de los requisitos
legales, operacionales o de seguridad establecidos al momento de su emisión.
Según informó el organismo la presente medida forma parte de un proceso integral de
modernización que tiene como objetivo reducir los plazos y optimizar la eficiencia
administrativa de la autoridad aeronáutica. Estas reformas buscan facilitar la adaptación
del sector aéreo a las nuevas necesidades y desafíos del entorno global,
promoviendo un sistema aeronáutico más ágil y accesible.
