El Proyecto había sido presentado esta semana por el Intendente Gustavo Barrera, con el objetivo de brindar alivio fiscal a vecinos y comerciantes geselinos ante la crisis económica y los ingresos que no alcanzan. A través de la ordenanza, los contribuyentes podrán regularizar sus deudas municipales en hasta 18 cuotas, con quitas de intereses de hasta el 80%.
La medida fue aprobada por unanimidad, con acompañamiento tanto del bloque oficialista como de los bloques de la oposición, y establece la prórroga del Plan de Alivio Fiscal.
A través de esta ordenanza, se habilita a los contribuyentes a regularizar sus deudas municipales vencidas al 30 de abril de 2025 en hasta 18 cuotas, con quitas de intereses de hasta el 80%. El plazo de adhesión al plan se extenderá desde el 1° de mayo hasta el 30 de septiembre de este año.
«Presenté este proyecto entendiendo las dificultades que están atravesando los vecinos, los comerciantes y emprendedores geselinos», explicó el intendente Barrera, quien además detalló que la medida apunta a paliar los efectos de la inflación, la caída del consumo, la recesión y el aumento de los costos, factores que están afectando gravemente la economía local.
En este marco, Barrera se reunió hoy con representantes de la UCIT y la Cámara Hotelero Gastronómica de Villa Gesell para comunicar personalmente los alcances del plan y escuchar las inquietudes del sector comercial, uno de los más golpeados por la crisis.
«El Municipio tampoco es ajeno a esta realidad. Hemos sufrido una caída de alrededor de tres mil millones de pesos en nuestro presupuesto, producto del recorte de la coparticipación, la eliminación de la obra pública y la baja en el consumo. Sin embargo, seguimos haciendo frente a políticas públicas para garantizar los servicios esenciales como salud, seguridad, desarrollo social, cultura y turismo», remarcó el jefe comunal.
El Plan de Alivio Fiscal se complementa con una batería de medidas de contención adoptadas por el Ejecutivo: congelamiento de ingresos a la planta municipal, congelamiento de sueldos de funcionarios por seis meses, control riguroso del gasto y la declaración de emergencia económica municipal, todo con el objetivo de sostener los servicios públicos sin trasladar la crisis al bolsillo de los contribuyentes.
