Se fijaron las pautas previstas para la exención de prisión para el acusado, que deberán ser cumplidas bajo apercibimiento de revocar esta resolución.
El Juzgado Federal de Formosa estableció que Carlos Miguel Javier Chagra, acusado de la caza ilegal de un ejemplar de yaguareté (Panthera onca) en esa provincia, deberá pagar una caución de $3.770.000, a la vez que no podrá salir del país y tendrá prohibido el uso y la tenencia de armas hasta tanto se resuelva su situación procesal en la causa que investiga el caso y que tiene a la Administración de Parques Nacionales (APN) como querellante junto a la Provincia de Formosa y Red Yaguareté.
De esta manera, y luego de que la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia hiciera lugar parcialmente al recurso de apelación presentado por la APN, el juez fijó los alcances de la caución real que sustituye a la caución juratoria impuesta anteriormente.
Estas pautas, previstas para la exención de prisión para el acusado, deberán ser cumplidas bajo apercibimiento de revocar la presente resolución en caso de incumplimiento.
La cifra impuesta surge del cálculo económico del daño ambiental causado por la pérdida de este ejemplar que realizó la Dirección Nacional de Conservación del organismo en base a diversos aspectos y variables ambientales y económicas a tener en cuenta.
En el marco de un proceso judicial histórico, este tipo de resoluciones resultan ejemplificadoras y cruciales para frenar la cacería de ejemplares de yaguareté, que por lo general quedan impunes y sin consecuencias para los cazadores. La caza de ejemplares de fauna nativa, y particularmente mamíferos grandes y medianos amenazados de extinción, está prohibida a nivel nacional y provincial.
La Administración de Parques Nacionales, autoridad de aplicación a cargo del resguardo de este Monumento Natural, tiene el compromiso y la determinación para revertir la situación desfavorable de las poblaciones de yaguareté en Argentina a través de la participación activa en denuncias por caza ilegal y en otras acciones conjuntas con todos los actores interesados en la conservación de la especie. Por ello, en este caso se presentó como querellante en el marco de la causa que investiga la comisión del delito previsto en el artículo 25 de la Ley 22.421 de Conservación de la Fauna.
