Representantes de ambos sectores evaluaron distintos aspectos del tema. Los cambios se comenzarán a debatir la semana próxima a partir de la conformación de la Comisión de Legislación General en la Cámara baja.
Representantes de inquilinos e inmobiliarias evaluaron este jueves distintos aspectos de la modificación de la Ley de Alquileres que comenzará a tratarse la semana próxima a partir de la conformación de la Comisión de Legislación General en la Cámara de Diputados.
Este jueves fueron convocados representantes de ambos sectores de cara al debate que comenzará para reformar la Ley de Alquileres.
En la Cámara baja ya se presentaron diversas iniciativas en tal sentido, entre las que se destacan proyectos de Juntos por el Cambio y el presentado por el diputado oficialista José Luis Gioja que contempla menores requisitos para los monotributistas inquilinos y topes para los aumentos, entre otras cuestiones.
En diálogo con Télam, el presidente de la Asociación en Defensa de Inquilinos, José Griselli, dijo que «hay consenso de todos los sectores que hay que aumentar la oferta» de propiedades en alquiler y despejar «temores del inquilino, darle certeza de lo que va a pagar con un esquema fijo y sacar el miedo a quien ofrece la propiedad de no saber con qué se va a encontrar, tener algunos impedimentos de orden legal o fiscal».
En ese sentido, consideró que se podría modificar el plazo del contrato, pasar de los tres años mínimos a un esquema de dos años con opción a una prórroga de un año, y «que se pueda indexar el contrato con cierta periodicidad, se podría volver a aumentar cada seis meses, y que se busquen índices oficiales como algún índice nacional, provincial o local».
Griselli sostuvo que el vigente Índice de Contrato de Locación (ICL) con actualización anual «no funcionó, por el proceso inflacionario que se está viviendo».
«Resultó perjudicial porque 53,6% de ajuste para un bolsillo de un salario promedio es una barbaridad, eso fue un reclamo que presentamos nosotros como consulta y queja de parte de los inquilinos y hubo que atender». señaló.
El dirigente dijo ser optimista con que la reforma «de alguna manera va a salir, porque es un tema habitacional que está pegando feo en todos lados», dado que «más allá de que el espíritu de la Ley haya sido bueno» tras su implementación «el efecto inmediato fue de una suba» de los alquileres.
Acerca de la iniciativa de establecer un impuesto a la vivienda ociosa, dijo que ese punto en la reunión de este jueves «no se trató ni se analizó porque hay un impedimento de orden constitucional, la facultad de legislar es de las provincias no de la Nación».
Por su parte, el presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA), Alejandro Bennazar, que también participó de reuniones con diputados, dijo a Télam que las modificaciones deberían «reducir los contratos a dos años» y cambiar «la forma de actualizar, dejar libres los índices, que sean alternativos, pero con una aplicación cada seis meses».
«A partir de la conformación de la comisión tenemos que analizar cada proyecto e interpretación para no descartar y aportar lo mejor; estamos con mucha expectativa, es un tema tan importante tan preocupante y día a día se está agravando por la falta de oferta», remarcó.
«Desde la Cámara planteamos no derogar sino modificar, porque si no vamos a generar más incertidumbre sobre el mercado locativo. A nuestro entender no hay que derogar la Ley sino corregir ciertos artículos», agregó.
Bennazar consideró importante que «si se va a tratar la ley de blanqueo que se haga la incorporación de bien usado para que eso aumente la oferta».
La ley de alquileres fue aprobada por la Cámara de Diputados en noviembre de 2019 y convertida en ley por el Senado el 11 de junio de 2020, en pleno período de aislamiento por la pandemia de Covid.
Uno de los puntos que recibió más críticas de la ley impulsada en la etapa final del gobierno de Cambiemos fue el plazo de duración de tres años en los contratos, en lugar de los históricos 24 meses.
También tuvo diferentes cuestionamientos el índice de actualización de los contratos, basado en un promedio entre el Indice de Precios al Consumidor y el salario promedio del sector estatal.
Otros puntos incluidos en ese proyecto, que no generaron mayores controversias fueron la ampliación del abanico de instrumentos permitidos para respaldar la operación, ya que a la garantía mediante escrituras inmuebles se sumaron los seguros de caución, el aval bancario y la garantía de fianza.
Fuente: Télam
