El ex dueño de La Veloz del Norte recibió una pena de 18 años de prisión como coautor de los crímenes contra sus empleados. También fueron condenados a 16 años el ex comisario Víctor Almirón y el ex jefe de personal de la empresa, José Antonio Grueso. La Secretaría de Derechos Humanos fue querellante.
El Tribunal Oral Federal de Salta condenó este jueves al empresario Marcos Levin, ex dueño de La Veloz del Norte, a 18 años de prisión por su responsabilidad en los secuestros y tormentos recibidos por 17 trabajadores de la empresa de colectivos de Salta. Junto a él, también fueron condenados a 16 años de prisión el ex comisario Víctor Almirón y el ex jefe de personal de la empresa, José Antonio Grueso.
Levin fue considerado coautor de las privaciones ilegitimas de la libertad y los tormentos, mientras que Almirón, entonces jefe de la Comisaría Cuarta, y Grueso fueron señalados como partícipes necesarios de los hechos.
La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación fue querellante en el debate y también participó a través de la Coordinación de Asistencia a Testigos Víctimas en el acompañamiento de familiares y sobrevivientes.
La causa abracó la detención ilegal y los tormentos contra 17 trabajadores y trabajadoras de La Veloz del Norte: Juan Alberto Alonso, Carlos Lidoro Aponte, Carlos Eugenio Bais, Emilio Borquez, Norberto Borquez, Víctor Manuel Cobos, Carlos Francisco Delaloye, Oscar Horacio Espeche Rodas, Sebastián Lindor Gallará, Ciriaco Nolberto Justiniano, Manuel Eugenio Modad, Carlos Horacio Pereyra, Aurelio Rada, Sonia Rey, Miguel Ángel Rodríguez, Jorge Arturo Romero y Rubén Héctor Vrh.
Los secuestros se produjeron entre el 20 y el 24 de enero de 1977 a partir de una denuncia falsa por estafa presentada por Levín contra sus empleados que fue utilizada para dar cobertura legal a la persecución.
Las víctimas fueron secuestradas en sus hogares y en sus lugares de trabajo en Salta y en Tucumán. Todos fueron llevados a la Comisaría Cuarta, donde permanecieron varios días y fueron torturados, y desde allí fueron luego liberados o en algunos casos trasladados al Penal de “Villa Las Rosas”.
Los trabajadores relataron que Levín y su jefe de personal, Grueso, estaban en la comisaría mientras eran torturados e interrogados sobre su actividad gremial y política y que la empresa entregó listados de las personas a detener y aportó vehículos que fueron utilizados para trasladarlos. Señalaron también que el empresario mantenía un vínculo muy estrecho con la policía local y que varios efectivos trabajaban o habían trabajado para él.
Esta es la segunda condena contra Levin por responsabilidad empresarial en crímenes de lesa humanidad. La primera fue dictada por el mismo tribunal en 2016 y tras largas e injustificadas demoras, fue confirmada ayer por la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal.
En esa oportunidad recibió una pena de 12 años de prisión junto a los ex policías Almirón y Víctor Bocos como responsables del secuestro y los tormentos sufridos por Víctor Cobos, chofer de colectivos y delegado de la UTA en la empresa. Grueso, en cambio, fue juzgado por primera vez.
El avance de las causas por responsabilidad empresarial en crímenes de lesa humanidad son una prioridad para la Secretaría de Derechos Humanos. Por tratarse de actores civiles y económicos, son las que mayor resistencia generan en el Poder Judicial y las que más demoras registran. Es por eso que se les dio un fuerte impulso en todo el país para evitar que haya impunidad y para que las víctimas puedan conocer la verdad y puedan acceder a la justicia y reparación en un plazo razonable.
Nueva condena para Riveros
Por la mañana, el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín condenó a prisión perpetua al ex militar Santiago Omar Riveros por el secuestro y asesinato del abogado Mario Ángel Hernández en mayo de 1976.
En este debate, en el que la Secretaría también fue querellante, el ex comandante de Institutos Militares durante la dictadura fue considerado coautor de los delitos de allanamiento ilegal, privación ilegítima de la libertad, tormentos, robo y homicidio.
El Tribunal ordenó además librar oficio al programa Justicia y Memoria de la Facultad de Derecho de la UBA para que se realice la reparación histórica del legajo docente y estudiantil de Mario Hernández
Hoy en Argentina se están llevando adelante más de 15 juicios orales en diferentes provincias y la Secretaría de Derechos Humanos es querellante en dos de cada tres de esas causas. Desde la vuelta de la democracia, ya fueron condenados por la justicia casi 1200 genocidas. Podés encontrar estos y otros datos en juiciosdelesahumanidad.ar.
Los juicios no pueden esperar. Las víctimas tampoco.
