En el marco de las próximas elecciones presidenciales, uno de los candidatos con mayores posibilidades de llegar al sillón de Rivadavia pone en cuestión el rol del Estado. Las políticas turísticas forman parte central del quehacer del Estado de las últimas décadas y, por lo tanto, correspondería analizar si, tal como lo plantea Javier Milei, eso debería dejar de existir.
Definir qué se entiende por Estado debería ser el primer paso para tener un juicio sobre el mismo. El Estado puede concebirse desde dos enfoques complementarios. Por un lado, como un conjunto de instituciones encargadas de conducir, administrar y ejercer control coercitivo en pos del interés general de una sociedad. Por otro lado, como una relación social desde el punto en que las instituciones que lo componen son construidas y lideradas por personas y organizaciones atravesadas por la realidad en la que viven, su historia, ideología, cultura, etc.
La forma en que se organizan los Estados son diferentes en cada punto geográfico del planeta justamente por las relaciones sociales que los atraviesan, las cuales van estructurando sus formas en base a ciertos consensos que se dan en la sociedad. Esta realidad hace que la forma del Estado no sea estática y lo que hoy es considerado como una prioridad, el día de mañana ya no lo sea. En este punto nos encontramos en estas elecciones.
Veamos un ejemplo concreto, la Ley Nacional de Turismo N°25.997, sancionada en el año 2004, enuncia en su 1° artículo lo siguiente: “Declárase de interés nacional al turismo como actividad socioeconómica, estratégica y esencial para el desarrollo del país. La actividad turística resulta prioritaria dentro de las políticas de Estado”
¿Qué podemos interpretar de este primer artículo?
Que al menos al momento de votar la ley existía cierto consenso respecto de que las políticas turísticas debían ser una prioridad para el Estado.
No obstante, el actual proceso electoral ha puesto de manifiesto la creencia de, al menos parte de la sociedad, que el Estado no debe intervenir en el desarrollo de las actividades privadas, dado que constituiría un aparato que impide, estorba u obstaculiza el desarrollo de la actividad privada.
Es decir, en caso de que la fuerza política que postula estas ideas sea respaldada en las urnas, sería razonable que impulsen un cambio en esta realidad y que la actividad turística deje de ser una prioridad dentro de las políticas del Estado.
Esto es realmente llamativo en el sentido de que, generalmente, los candidatos no suelen dar “malas noticias” en contexto de campaña. Milei se atreve y lo dice de forma clara, el turismo no va a ser una prioridad en su gestión y no cree que el Estado deba promover su desarrollo.
En la descripción de lo anterior no existe juicio de valor, sino la mera enunciación objetiva de hechos y declaraciones de los propios actores.
Como parámetro de esta propuesta, pueden citarse a los países del G20, quienes representan el 85% del Producto Bruto Global. Los 20 países cuentan con un organismo de alto rango dedicado a la actividad turística.
La única excepción es Estados Unidos que, a contramano de lo que propone el candidato libertario, hasta el año 2022 no contaba con un organismo de alto rango pero, por iniciativa del propio sector privado, está en proceso de conformación una Subsecretaría de Turismo. Es decir, se da una revalorización del rol del Estado en la actividad turística por parte de la principal economía del mundo.
Ante este escenario, quienes trabajamos, estudiamos y/o nos dedicamos de alguna forma a la actividad turística deberíamos analizar qué implica para nuestra realidad que eso que postula el candidato de La Libertad Avanza se lleve a la práctica.
En la Argentina, la actividad turística representa aproximadamente el 10% de los empleos registrados, lo que equivale a alrededor de 1 millón de personas, según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Además, donde el desarrollo del turismo interno es muy superior al turismo internacional receptivo. Según el mismo informe de la OIT, en 2019 se realizaron 50 millones de viajes de turismo interno y casi 7 millones de turistas internacionales.
¿Cómo podría impactar en la realidad del turismo (y de la economía del país en general) que el turismo deje de ser una prioridad? ¿Existen ejemplos en el mundo que nos permitan ser optimistas al momento de correr al Estado como principal promotor y responsable del desarrollo turístico? Si no funciona en los países con mayor y mejor desarrollo turístico, ¿no estaríamos dando un salto al vacío?
Hay un dicho popular que reza “el que avisa no traiciona”, por lo cual, sería importante que quienes nos desempeñamos en la actividad turística vayamos a las urnas con la respuesta a la pregunta: Turismo y Estado ¿asunto separado?
Por: Julián Cherkasky Rappa
