Previo a la temporada alta de incendios, el gobierno nacional echó a 246 trabajadores del área. Quitó la Ley de Tierras y busca modificar la de Bosques, Glaciares y Manejo del Fuego. Cientos de miles de hectáreas sin que nadie las cuide.
Lejos de las grandes urbes, el territorio argentino tiene 18.275.722 hectáreas que son parques nacionales y áreas protegidas. Hasta el momento, se encuentran bajo la conservación, protección y cogestión de la Administración de Parques Nacionales (APN). Sin embargo, como sucede en muchas áreas del Estado nacional, no hay ninguna autoridad nombrada para su funcionamiento. Solo se sabe que pasó a depender del Ministerio del Interior. No obstante, los Decretos de Necesidad y Urgencia 70/23, 84/23 y el proyecto de Ley Ómnibus afectan de manera directa el funcionamiento y continuidad de este organismo.
El DNU 70/23 dispone la derogación de la Ley de Tierras Rurales y el proyecto de Ley Ómnibus pretende modificar las leyes de Bosques nativos, desfinanciándola y permitiendo el desmonte, la de Manejo del Fuego abre la puerta a la quema intencional de campos y la de Glaciares permite la actividad minera en estas zonas. Entre otras consecuencias, este combo pone en crisis la existencia misma de una autoridad regulatoria de Parques Nacionales. Los privados ansían tierras protegidas, y los trabajadores y trabajadoras se encuentran en alerta. No solo ante los posibles despidos sino sobre todo por lo que pueda pasar con los territorios y la inercia del gobierno sin un plan de acción y prevención ante la llegada del verano, temporada alta de incendios.
Los Parques Nacionales cuentan con 2300 trabajadores. La mitad son planta permanente; el resto, transitoria. Las tareas que cumplen no son solo administrativas: hay científicos que investigan la biodiversidad, brigadistas que actúan en los incendios forestales o dan respuesta a los accidentes de montaña, también hay brigadas que hacen señalización y mantenimiento de los senderos; y deben monitorear cada Parque ante posibles destrozos, robos o fuegos intencionales.
Todos los años se actualiza o se renueva el personal. El DNU 84/23, publicado el lunes pasado, afecta de forma directa la continuidad laboral de 246 de esas personas que ingresaron durante 2023. Alrededor de un 10% del total. También limita la vigencia de los demás contratos por 3 meses, sujetos a una revisión.
“Ese decreto no da tiempo de planificar a futuro tareas de investigación, de profesionalización o de ningún tipo”, remarca Andrea Torres, brigadista desde hace 10 años y planta transitoria en el Parque Nacional Los Glaciares. La seccional donde trabaja, en El Chaltén, tiene 21 trabajadores de los cuales 18 son planta transitoria. El número es mínimo ante el aluvión de personas –sobre todo extranjeras– que llegan a la Patagonia. Ni que hablar si se producen incendios forestales. En El Chaltén hay casi un trabajador/a cada 10 mil hectáreas.
Puerta al ecocidio
Alejo Fardjoume es trabajador de planta transitoria del Parque Nacional Lanín en Neuquén desde hace 19 años. Hace unos días decidió escribir una carta pública para contar el impacto de las medidas de Milei en la APN. Relata que los programas de restauración, reintroducción de especies, monitoreo de especies en peligro de extinción, planificación estratégica, co-gestión de territorios con provincias o pueblos originarios, fiscalización de espacios destinados al turismo y recreación y el extendido cuidado de la jurisdicción bajo su órbita “exigen, no menos, sino más personal de terreno y apoyo técnico, profesional y administrativo para su eficaz ejecución”.
Considera que las medidas anunciadas ponen en jaque a los espacios protegidos: “Un recorte como el que enfrentamos, que impacta en la cantidad de agentes de conservación, es sin dudas una puerta para el ecocidio”. La política de ajuste, señaló, va en dirección contraria a la generación de empleo verde impulsada y liderada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados por la ONU. Se trata de “una condena a la política de cuidado del medioambiente en general y las Áreas Protegidas bajo la administración de Parques Nacionales en particular”.
«El Lanín queda en manos de Dios»
La decisión del presidente Javier Milei de no renovar contratos de trabajadores del Estado que se hayan firmado este año tiene tantos alcances que hasta afecta la posibilidad de combatir el fuego en áreas emblemáticas como el Parque Nacional Lanín, en plena temporada de incendios. Una veintena de brigadistas quedarían desplazados el último día del año: se trata del grupo principal abocado a luchar contra los focos.
“En el Lanín quedarían 20 brigadistas menos. Y son prácticamente los últimos. Porque los otros ya tienen antigüedad, hacen otras actividades como capacitaciones, mantenimiento. Si pasa eso, el Lanín queda en manos de Dios. Como decía Bergman, habrá que rezar para que no haya incendios”, declaró el delegado Juan Sepúlveda, del Parque Nahuel Huapi, en relación a la célebre frase del exministro de ambiente macrista, Sergio Bergman, quien en 2016 postuló que “lo más útil contra los incendios es rezar”.
En diálogo con Tiempo, Sepúlveda dio cuenta de la situación de incertidumbre que atraviesan brigadistas de Parques Nacionales tras el decreto de no renovación de contratos estatales de 2023 dispuesto por Milei. “En el Nahuel Huapi estamos en la misma”, apuntó. Y agregó que si bien hay trabajadores con más de una década y media de antigüedad, el formato de contratos anuales también los pone en duda.
El Decreto 84/2023, publicado este martes en el Boletín Oficial, establece que los contratos firmados desde el 1° de enero de 2023 no serán renovados, salvo pocas excepciones. También somete a revisión a todos los contratados con anterioridad al último año, en un plazo de 90 días.
Hace casi dos décadas que Víctor Curruhuinca trabaja como brigadista en el Parque Nacional Lanín. Y define la situación actual como “un retroceso muy grande”. “Tenemos 412 mil hectáreas en el Parque Nacional Lanín, y con la cantidad que éramos no llegábamos a cubrirlo. Completamos el número de 70 aproximadamente, de los cuales son 18 del Lanín que el primero de enero se quedarían sin contrato. Al resto nos quieren volver a contratos trimestrales. La cruda realidad es que tenemos un retroceso muy grande”
«Estamos a la deriva. No sabemos qué van a hacer con nosotros. Si dejan a los viejos afuera también, el parque cierra directamente”, lamentó Sepúlveda, delegado de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). “Todos los años en esta época los jóvenes que van al incendio ya están haciendo prácticas con helicópteros. Hasta ahora, de los helicópteros ni noticias. El material que tenemos es el que quedó del año pasado. Tenemos como para un ataque inicial. Inclusive hasta podemos llegar a detenerlo con lo que hay porque tenemos experiencia. Pero si el incendio se prolonga, por vientos o por otras condiciones, estamos en el horno. No lo frenamos más”, advirtió.
El brigadista remarcó que la función de sus pares no sólo es clave para combatir incendios. También, cumplen tareas como rescatistas. Por caso, “ayer hubo que buscar a una persona que estaba en la aguja del Catedral practicando cuerdas. Se le soltó una y chocó contra la pared y se golpeó las costillas, no podía respirar, lo tuvimos que bajar caminando”.
Río Negro ya se declara en emergencia ígnea
En este contexto de despidos en Parques Nacionales, Alberto Weretilneck, gobernador de Río Negro, declaró esta semana la emergencia ígnea por riesgo extremo de incendios hasta abril de 2024. Durante el año 2022 hubo 287.685 focos de llamas que fueron atendidos por las provincias y el Sistema Nacional de Manejo del Fuego. Según informó Fardjoume, el Área de incendios, comunicaciones y emergencias de Parques Nacionales nuclea a 436 combatientes y especialistas en emergencias, búsqueda y rescate de personas que tienen a su cuidado las 5 millones de hectáreas terrestres. Por su parte, el Servicio Nacional, con 200 profesionales, son la reserva de las provincias en caso de incendios y emergencias de magnitud. “Los análisis de las estructuras y personal arrojan que debieran incorporarse alrededor de 400 combatientes para llegar a la planta mínima que se precisa para atender de manera eficaz las necesidades de las emergencias en los escenarios que se vienen”, aseguró.
Fuente: Tiempo Argentino/ Por Gabriela Figueroa
Foto: Prensa
