Por pedido de la AHRCC, se sumaron al reclamo la Asociación de Propietarios de Pizzerías y Casas de Empanadas (APPYCE), la Asociación de Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA) y la Cámara de Comidas Rápidas. Explican que la crisis por la pandemia del COVID-19 implica una caída de un 80% en las ventas y que la recuperación tomará al menos un año.
La sanción de una ley de emergencia gastronómica debería incluir varios puntos básicos. Entre otros, la continuidad de los ATP, la reducción de aportes patronales, la suspensión del pago de ABL, ingresos brutos y otros tributos municipales por un año, la rebaja del IVA a la mitad y un freno provisorio del impuesto al cheque. Son medidas indispensables y urgentes para la supervivencia de los negocios y los puestos de trabajo más allá de la pandemia.
«Pedimos que se declare la Ley de Emergencia gastronómica para evitar una ola de quiebras y despidos», señalaron en forma conjunta. «En nuestro caso, las ventas cayeron más del 85% y en la parte hotelera, el 100%», explicó el presidente de la AHRCC, Ariel Amoroso. Además, señaló que para reabrir un negocio gastronómico «se estima un costo promedio de $500.000 para abastecer de mercadería y reacondicionar un local mediano».
“Con una crisis sin precedentes consecuencia de las restricciones generadas por el COVID-19, hay pizzerías y casas de empanadas que se encuentran cerradas definitivamente, algunas a punto de quebrar, otras parcialmente operativas viendo en todos los casos una difícil reapertura cuando se retome la actividad afectando directamente los puestos de trabajo”, remarcaron desde APPYCE, a través de un comunicado. «Para una heladería artesanal, los ATP cubren entre 25 y 30% de los salarios. Y el delivery como el take away ayudan, pero no sirven», agregaron desde AFADHYA.
