El Consejo Asesor Científico Tecnológico (CACiT) de la Administración de Parques Nacionales manifiesta su profunda preocupación por las declaraciones del candidato a Presidente de la Nación por el partido La Libertad Avanza, promoviendo la destrucción del Sistema Científico y Tecnológico Nacional.

Es bien conocida la relación entre el crecimiento del PBI y el Desarrollo en el mediano y largo plazo con la inversión en ciencia y tecnología pública y privada. Una no reemplaza a la otra. Sin inversión pública no existiría inversión privada significativa. Ambas integran un mismo sistema.

Basta mirar un mapa del mundo para convencerse de que hay países que se han desarrollado sin recursos naturales, otros con áreas muy pequeñas, otros como islas alejadas, otros sin petróleo, otros sin tierras fértiles, otros con climas muy hostiles, pero todos esos países tienen, sin embargo, un factor común: ninguno se ha desarrollado sin apostar a la ciencia y a la tecnología para salir de la dependencia y el colonialismo.

Cualquiera de los países que este candidato usa de ejemplos tienen una inversión pública que, medida en términos de su PBI, es superior a la de Argentina (Israel, USA, etc.), y en todos estos casos la relación entre el sector público y privado resulta imprescindible. En Argentina la inversión del sector privado en relación al total invertido en Ciencia y Tecnología es de sólo el 25% en el año 2020. ¿Puede el sector privado reemplazar al sector público? Indudablemente no, aunque esto no significa que el sector privado no deba mejorar la inversión en Ciencia y Técnica.

Si el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación es destruido, quién podría desarrollar ciencia básica o quién podría desarrollar ciencia que genere bienes o servicios de apropiación pública, y no sólo los de apropiación privada.

Exigir como único método de valoración, por ejemplo, la Tasa Interna de Retorno, a procesos científicos es un absurdo motivado por un profundo proceso de ignorancia destructiva, es desconocer la existencia de valores no monetizables, como el derecho a la salud, a vivir en un ambiente sano y el valor de la preservación del patrimonio material e inmaterial, entre otros. ¿Qué Tasa Interna de Retorno tiene la conservación de procesos ecológicos que garantizan el mantenimiento de nuestra biodiversidad y sus numerosas contribuciones, muchas de ellas intangibles en términos económicos, al bienestar de nuestra sociedad y de sus futuras generaciones?

¿Se pueden obtener aplicaciones prácticas sin los miles de estudios previos, muchos de ellos sin utilidad práctica inmediata? Indudablemente no, la historia de la humanidad está lleno de estos ejemplos.

Por otra parte, los investigadores e investigadoras argentinos son valorados a nivel local, regional, nacional e internacional en distintas temáticas y disciplinas, y toda la inversión del Estado se perdería en una sufriente emigración de talentos.

Por todo lo anterior, y por su potencial impacto sobre el patrimonio nacional y sobre una ciencia y tecnología cada vez más comprometidas con el bien común, repudiamos las manifestaciones citadas y alentamos a respaldar políticas y acciones para profundizar el poder de la ciencia y de la tecnología a favor del desarrollo de nuestro país.

Sería muy deseable que el candidato que aspira a tomar decisiones en nombre del pueblo de la Nación Argentina se interiorice responsablemente sobre los proyectos de investigación y sus contribuciones y avances, así como sobre las necesidades y las dificultades de los distintos Institutos de Ciencia y Tecnología y de las Universidades Públicas que integran nuestro Sistema Nacional de Ciencia y Técnica.

Cuando sus dichos y sus actos difundidos masivamente están basados en prejuicios y en desconocimiento, producen daños que tardan muchos años en ser reparados y causan sufrimiento a la población, o son definitivamente irreparables.

Comunicado del CACiT de la APN en torno a diferentes sucesos vinculados a la Fundación Rewilding Argentina (FRA)
El Consejo Asesor Científico Tecnológico (CACiT) perteneciente a la Administración de Parques Nacionales (APN) manifiesta su preocupación en torno a distintos sucesos vinculados a la Fundación Rewilding Argentina (FRA) de los últimos meses.

En primer lugar, deseamos señalar que la APN convocó a una reunión para el día 16 de junio de este año con el objetivo de evaluar un proyecto de FRA de translocación del ciervo de los pantanos desde el Iberá hacia el Parque Nacional El Impenetrable. A dicha reunión se invitó a los miembros de FRA, así como a personal técnico de APN, el Ministerio de Salud de la Nación y a un conjunto de científicos y técnicos que trabajan en la temática.

La Fundación Rewilding Argentina envió una nota el mismo día de la realización de la reunión, y mediante su representante legal, en la cual se excusaban de participar. La reunión, por lo tanto, se llevó a cabo sin su presencia y, luego de la discusión del proyecto, se elaboró un acta por parte de los/as científicos/as y técnicos/as presentes con las argumentaciones científicas según las cuales se evaluó que dicho proyecto era inviable.

El 30 de junio del corriente, la Dirección Nacional de Conservación de la APN emitió una Disposición donde rechazó el proyecto de translocación del ciervo de los pantanos hacia el Parque Nacional El Impenetrable, a la vez que declaró su inviabilidad debido a que en vistas de lo actuado se consideró que la ejecución de la propuesta presentada por FRA implica riesgos y potenciales impactos negativos para la salud pública y de los ecosistemas naturales de las áreas protegidas implicadas, los que deben ser evaluados y analizados en profundidad. En la actualidad, y en vistas de la vulnerabilidad de la especie, esta situación se ve severamente agravada dado el contexto sanitario y ambiental, pudiendo significar también una amenaza para la conservación del ciervo de los pantanos en Argentina, por lo que su implementación significaría la inobservancia de la Ley General de Ambiente 25.675, la Ley de Fauna 22.421, la Ley 22.351, el Convenio de Diversidad Biológica y el Acuerdo de Escazú, entre otras normativas inherentes a las misiones y funciones de la APN.

En función de todo lo señalado queremos expresar que el CACiT, que aporta desde el compromiso y el conocimiento de sus integrantes al asesoramiento de la APN, apoya firmemente la decisión de la Dirección Nacional de Conservación de la APN respecto del proyecto de translocación del ciervo de los pantanos por haber sido tomada en base al estado-del-arte del conocimiento científico y el análisis juicioso de la legislación específica. Tanto por parte de los equipos científico-técnicos de la APN como por la consulta a expertos y expertas de diversas carteras del Estado Nacional y sus organismos, en un todo de acuerdo con el mandato dado por la Ley 22.351 de Administración de Parques Nacionales.

Anteriormente al hecho detallado más arriba, una serie de investigadores e investigadoras (más allá del escalafón al que pertenezcan) del CONICET y de distintas universidades e instituciones públicas del país e integrantes de los equipos técnicos de la APN fueron protagonistas involuntarios de una situación muy grave, casi sin precedentes en el ámbito científico: la judicialización de la opinión científica.

En el año 2022 Di Bitetti y colaboradores publicaron una editorial en la revista argentina Mastozoología Neotropical, mientras que Di Martino y colaboradores hicieron lo propio con un libro editado por Conservation Land Trust, nombre previo de la ONG conocida actualmente como Fundación Rewilding Argentina (FRA).

En ambas publicaciones se hace referencia a una estrategia de manejo activo de la biodiversidad conocida por su nombre en inglés como “rewilding”, o re-asilvestramiento en español. A fines de ese mismo año se llevan a cabo las XXXIII Jornadas Argentinas de Mastozoología, organizadas por la Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos (SAREM). En dichas Jornadas, los autores de las publicaciones antes mencionadas organizaron un simposio sobre el tema del re-asilvestramiento, donde presentaron sus ideas al respecto. El tema también se discutió en diversos simposios y conferencias.

El re-asilvestramiento es una estrategia de conservación que busca restaurar o recuperar ecosistemas por medio de la recuperación de especies animales que se han extinguido. Esto implica el traslado y liberación de animales en el marco de un programa de manejo fundamentado, con bases de conocimiento científico sólido y respetando lineamientos nacionales e internacionalmente ampliamente aceptados.

En marzo de este año un grupo de 125 miembros de la comunidad científica argentina publicaron un trabajo en Mastozoología Neotropical, expresando sus opiniones intersubjetivas frente al debate que involucra a la agenda ambiental de nuestro país y la soberanía sobre los bienes comunes, como son la biodiversidad y la realidad pluricultural de la Argentina. Vale aclarar que dicho trabajo fue publicado luego de pasar por la revisión de la Editora en Jefe de dicha revista.

La intención de la publicación fue la de abrir un debate científico sobre la estrategia de manejo en cuestión en la Argentina. Este tipo de debates son muy comunes, sanos y deseables dentro de la práctica científica, y generalmente se canalizan a través de publicaciones y respuestas. El objetivo central de la última publicación mencionada fue exponer la existencia de condiciones científico-técnicas para el manejo activo en conservación de la naturaleza. En este contexto, se consideró que algunos de los proyectos de re-asilvestramiento en Argentina no están siendo llevados a cabo bajo esas recomendaciones, ni con un consenso de todos los protagonistas involucrados (i.e., comunidad científico-técnica, autoridades de aplicación del Estado Nacional, organizaciones no gubernamentales y sociedad civil afectada).

En el mes de mayo de 2023 el Director Científico de FRA escribió un correo a la Editora en Jefe de la revista pidiendo que sus autores se retractaran del artículo bajo la amenaza de enviar una Carta Documento y judicializar el tema. El 30 de junio del corriente la FRA cumplió con sus dichos, enviando a través de su apoderada una Carta Documento a uno de los autores protagónicos del artículo (haciéndola extensiva al resto de los mismos) en la cual se expresa que todo el personal que trabaja en FRA se sintió acusado de xenofobia por lo escrito en el artículo, por lo cual piden una “inmediata retracción pública”, “bajo apercibimiento de iniciar acciones judiciales contra los autores del artículo y contra la editorial (art. 113 – 117 CPA). Cabe aclarar que el Código Penal prevé la pena accesoria de inhabilitación cuando los autores de las calumnias son funcionarios públicos (art. 117 bis)”.

Durante este mismo año ocurrieron dos situaciones más, no directamente relacionadas con el artículo citado anteriormente, pero sí con su temática y la FRA. En primer lugar, a fines de abril del 2023 el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación (MAyDS) aprobó la importación de 3 huemules de Chile a la estepa patagónica Argentina, sector donde no existe evidencia científica de si alguna vez existieron, pero donde FRA tiene una estancia donde recibe turistas. El proyecto original, inclusive, planteaba la extracción de ejemplares en silvestría de la población de El Chaltén de la jurisdicción del Parque Nacional Los Glaciares. Cabe destacar que esta aprobación fue en contra de las recomendaciones de la APN y de los propios técnicos del MAyDS (i.e., quienes por ley tienen a su cargo la política del manejo del Monumento Nacional Huemul).

Ante esta situación, tanto la SAREM como la Asociación Argentina de Ecología y el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, expresaron preocupación por la forma en la que se tomó esta decisión y la falta de argumentos científico-técnicos de la misma. En respuesta a esto la SAREM recibió otra Carta Documento por parte de la FRA.

Para este Consejo, queda claro que en el fondo lo que se buscó fue amedrentar y desincentivar las opiniones científicas contrarias a los intereses de FRA, a través de un mecanismo coercitivo diseñado por su equipo jurídico.

La gravedad de los hechos aquí narrados -y explicitados- pone en estado de alarma a todo el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI), del cual la APN es parte. Y merece la máxima atención de todos los ministerios involucrados y de sus organismos dependientes. Es importante remarcar que tanto el sistema de toma decisiones de la APN como la construcción de la agenda de prioridades de conservación del organismo tienen que estar definidas únicamente por los integrantes del mismo y apoyándose en la cooperación sinérgica con el SNCTI, las comunidades locales afectadas y las organizaciones de la sociedad civil; pero nunca en sentido inverso.